Desde el 26 de junio, diversas organizaciones civiles encabezadas por la Red en Defensa de Derechos Digitales (R3D), advirtieron de la aprobación del paquete que comenzó en la Ley de la Guardia Nacional y las reformas a las leyes secundarias.
Por José Raúl Linares
Entre el 23 de junio al 2 de julio pasado, el Congreso de la Unión celebró un vertiginoso periodo extraordinario de sesiones, donde el oficialismo aprobó un aluvión de 16 iniciativas presidenciales. El proceso despertó sospechas desde su origen, no solo por la velocidad con la que se condujeron las discusiones –que por sí mismas podrían ser objeto de control judicial– sino por el propio contenido de las leyes.
Desde el 26 de junio, diversas organizaciones civiles encabezadas por la Red en Defensa de Derechos Digitales (R3D), advirtieron de la aprobación del paquete que comenzó en la Ley de la Guardia Nacional y las reformas a las leyes secundarias. ’.
Según R3D dichas iniciativa faculta tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) como a la Guardia Nacional, para que amplíen sus facultades en el procesamiento, uso y acceso a datos conservados por parte de empresas de telecomunicaciones y la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles.
Días después, el proceso advirtió que no se trataba de una sola ley sino un corpus legislativo mucho más ambicioso, todo concatenado:
- Se aprobó una Ley General de Población que a su vez creará una nueva CURP biométrica con fotos y huellas dactilares;
- Una reforma la Ley de Telecomunicaciones obliga a registrar líneas telefónicas con datos del usuario final;
- Creó una Ley de Inteligencia y las reformas sobre la Guardia Nacional, por lo cual dicha información será accesible para la Secretaría de Seguridad, el Ejército y la Fiscalía General de la República;
- Se creó la Plataforma Nacional de Inteligencia, operada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI);
- Una reforma a la Ley en Materia de Desaparición Forzada establece la Plataforma Única de Identidad para monitorear el uso de la CURP biométrica;
- Así como una reforma a la Ley Antilavado permite a la Secretaría de Hacienda exigir, sin orden judicial, a todas las dependencias públicas información financiera, patrimonial y datos personales de los mexicanos.
Tras las advertencias sobre el peligro que implicaría, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó los cuestionamientos y aseguró que su gobierno no espiará por lo que la reforma aprobada debería llamarse “Ley de Seguridad y apoyo a la población” y no ‘Ley Espía’.
El problema de fondo, no solo advierte de los riesgos potenciales a la vulneración de datos personales: la normalización del espionaje. Si no que deja opaco qué busca la administración de Sheinbaum con los datos obtenidos, y de qué forma se establecerán para protegerlos y evitar arbitrariedades.
La historia de los órganos de inteligencia, ya sea en México como en el extranjero, ha demostrado que la naturaleza misma de dichas instituciones, evita los controles legales y ciudadanos, ya que el objeto de sus labores (la prevención de vulneraciones a la ‘seguridad nacional’) necesitan de secrecia y por tanto su margen de actuación a menudo resulta arbitrario. Un fantasma que persiguió a la extinta DFS o el CISEN, pero también acompañó a otras instituciones internacionales como la CIA, y que hoy no queda claro cómo la administración Sheinbaum evitaría un ciclo de repetición solo con “ciudadanizarlos”.
