El pleno del Senado de México avaló por mayoría la separación de Gertz Manero, al calificar como “causa grave” su retiro, a pesar de que el propio documento enviado por el exfiscal hablaba de su propuesta como embajador en un país extranjero como motivo principal de su decisión.
Por Ángel Nakamura
El retiro de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) marca uno de los movimientos políticos más relevantes del arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum y abre una etapa de redefiniciones en una de las instituciones más sensibles del Estado mexicano. La salida del Fiscal, aprobada con 74 votos a favor y 22 en contra por el Senado de la República tras un debate intenso sobre su naturaleza jurídica y política, no sólo cierra un ciclo iniciado en 2019, sino que inaugura un nuevo escenario para la procuración de justicia a nivel federal, ahora bajo la conducción de Ernestina Godoy Ramos.
El pleno del Senado de México avaló por mayoría la separación de Gertz Manero, al calificar como “causa grave” su retiro, a pesar de que el propio documento enviado por el exfiscal hablaba de su propuesta como embajador en un país extranjero como motivo principal de su decisión.
Este punto fue el eje de la confrontación entre bancadas. Mientras Morena y sus aliados defendieron que la voluntad expresa de no continuar al frente de la Fiscalía era razón suficiente para activar el relevo, la oposición advirtió que se abría un precedente delicado al validar una salida sin una causal extraordinaria plenamente acreditada.
El debate no fue únicamente técnico, sino profundamente político. Para sectores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, la renuncia de Gertz Manero se interpretó como un reacomodo de poder desde el Ejecutivo, con el riesgo de debilitar la autonomía real de la Fiscalía.
La oposición alertó sobre la posibilidad de un relevo “a modo”, capaz de reducir la capacidad crítica del Ministerio Público frente a los intereses del gobierno federal.
En contraste, desde Morena se sostuvo que la transición era necesaria para consolidar una nueva etapa de la procuración de justicia, más eficaz, profesional y cercana a las víctimas.
El contexto en el que ocurre esta salida es clave para entender su trascendencia. En los últimos meses, la relación entre la FGR y la Presidencia se tensó por el manejo de investigaciones de alto perfil, particularmente por filtraciones relacionadas con redes de contrabando de combustible y por la investigación en torno a Raúl Rocha Cantú. El empresario mexicano es dueño del 50 por ciento de la franquicia de Miss Universo y de un conglomerado que incluye casinos y hospitales y empresas de seguridad. La propia presidenta Sheinbaum cuestionó públicamente la actuación de la Fiscalía, señalando que la difusión irresponsable de datos había generado confusiones innecesarias e impactos colaterales que rebasaron el ámbito judicial.
La molestia presidencial fue explícita al advertir que los expedientes debían conducirse con rigor técnico y sin interferencias mediáticas. A ello se suman los episodios más controvertidos de la gestión de Gertz Manero, que minaron su relación con distintos sectores políticos y sociales.
El caso Cuevas–Morán, resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la liberación de Alejandra Cuevas; el intento fallido de imputar a científicos del Conacyt por delincuencia organizada; las filtraciones en el caso Lozoya; la denuncia por presunto tráfico de influencias presentada por el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y el manejo de recursos ligados a la rifa del avión presidencial, conformaron un legado marcado por la confrontación institucional y por cuestionamientos sobre el uso del aparato penal.
Gertz Manero y un caso que cimbró Jalisco
Para Jalisco, la figura del fiscal saliente también quedó asociada a uno de los temas de mayor sensibilidad regional y nacional: el aseguramiento del rancho Izaguirre, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La declaración de Gertz Manero sobre el uso del sitio como centro de reclutamiento, sin pruebas concluyentes sobre cremaciones clandestinas, provocó un fuerte impacto mediático y reavivó la discusión sobre la capacidad del Estado para investigar con profundidad las estructuras del crimen organizado en la entidad.
Con la salida anticipada del fiscal, a quien le restaban tres años en el cargo, se concreta el segundo ajuste mayor en el primer año del gobierno de Sheinbaum, después del relevo en la Secretaría de Hacienda.
La presidenta ha insistido en que se trata de una transición acordada y que Gertz Manero continuará sirviendo al país desde el ámbito diplomático, como parte de una nueva etapa personal e institucional. Sin embargo, el trasfondo político de la decisión ha quedado inocultable.
La nueva Fiscal
En este contexto, la designación de Ernestina Godoy Ramos como nueva fiscal general adquiere una relevancia estratégica. Con una votación amplia a su favor en el Senado, Godoy llega a la FGR tras un proceso de comparecencias en el que los distintos grupos parlamentarios pusieron sobre la mesa exigencias de independencia, profesionalismo, enfoque en las víctimas y combate frontal a la corrupción. Desde la tribuna, se le demandó no sólo capacidad técnica, sino autoridad moral para encabezar una institución cuya credibilidad está seriamente erosionada.
En su intervención ante el Senado, Godoy delineó una agenda basada en el fortalecimiento del enfoque de derechos humanos, la cero tolerancia a la tortura, la sanción a los abusos de poder, la profesionalización del personal ministerial y el combate a la corrupción interna. También subrayó la necesidad de reconstruir la confianza social en la procuración de justicia, un objetivo que, en la práctica, implica revertir años de descrédito y de resultados judiciales limitados en casos emblemáticos.
Para una entidad como Jalisco, golpeada por la violencia del crimen organizado, el cambio en la titularidad de la FGR no es un asunto distante. La coordinación entre la Fiscalía federal y las fiscalías estatales, así como la capacidad de articular investigaciones complejas con alcance nacional, será determinante para evaluar si esta transición se traduce en resultados tangibles o queda en un mero giro político.
El retiro de Alejandro Gertz Manero cierra una etapa marcada por el conflicto, la concentración de poder y un estilo de conducción que despertó resistencias dentro y fuera del gobierno. El nombramiento de Ernestina Godoy abre, en cambio, una ventana de oportunidad para redefinir el rumbo de la justicia federal.
Sin embargo, el verdadero juicio no estará en el discurso ni en la votación senatorial, sino en la capacidad de la nueva fiscal para demostrar, con hechos, que la autonomía de la institución no es un principio retórico, sino una práctica efectiva al servicio de la sociedad.
