Por José Antonio Elvira de la Torre
Prof. del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH de la UdeG
En la colaboración anterior revisamos la propuesta de reforma electoral de la Presidencia de la República. Se han sumado algunos planteamientos desde los partidos de oposición y otras trincheras que deben analizarse.
El PAN propuso segunda vuelta electoral en la elección presidencial, aunque a diferencia de otras en el mundo, siendo votada el mismo día de la elección (mecanismo que por muchos años utilizaron en sus procesos internos); disminuir a 4% del umbral de sobre y sub representación congresional (actualmente del 8%); fortalecer organismos electorales administrativos (INE-OPLES); y anular elecciones cuando se involucre el crimen organizado, entre otras. En el PRI, algunas propuestas coinciden con la Presidencia: reducir financiamiento público y ampliar financiamiento privado a partidos; desaparición de OPLES y Tribunales locales; reducción de diputaciones. Otras coinciden con el PAN: segunda vuelta, limitar sobre representación, anular comicios cuando delincuencia organizada participe. Y otras diferentes, como regresar la figura de la Vicepresidencia; consejeros y magistrados por insaculación; ampliar libertad de expresión en campañas, entre otras.
Hay temas trascendentes no abordados con suficiencias, sumamente importantes:
Desvío de recursos gubernamentales para respaldar partidos y candidaturas. Se ha generalizado cada vez más la práctica, en cualquier orden de gobierno, de que autoridades electas y funcionarios designados promueven ilegalmente con recursos materiales, financieros, humanos y de información a las candidaturas que consideran pueden significarles continuidad o impunidad, independientemente de que sean candidaturas de otros partidos. Fortalecer los mecanismos de vigilancia y fiscalización es la parte que ya funciona, pero mientras la sanción sea sólo monetaria, candidatos y partidos seguirán considerando “rentable” violar la norma. La cancelación de triunfos y sanciones penales para candidatos, y pérdida completa de financiamiento anual, o incluso el registro para los partidos, pueden ser herramientas poderosas.
Violencia política e intervención de grupos delincuenciales. La propuesta de anular elecciones y cancelar candidaturas si existe intervención del crimen organizado (PAN y PRI) no es suficiente. Tan sólo en nuestra entidad, lo acontecido en 2021 muestra la urgencia y profundidad de las medidas que se requieren: la cancelación de libertades y derechos civiles y políticos a ciudadanos, como la interrupción armada de votación en casillas y el robo violento de paquetes electorales (distrito 18), la cancelación de la competencia mediante amenazas a candidatas/candidatos para que abandonen la contienda (Jilotlán) y la eliminación del orden institucional mediante actos violentos contra organizaciones y funcionarios gubernamentales. Plantear la pérdida de registro para partidos que registren candidatos financiados/vinculados con grupos criminales…
Regulación del uso de internet y redes sociales en precampañas y campañas. Difamación y calumnia como modelos comunicacionales; promoción ilegal mediante terceros; violación de plazos para difundir mensajes; costos que deben considerarse en topes de campaña; violación de la privacidad de las personas mediante el uso indebido de información personal, entre otras, son preocupaciones que la legislación debe contemplar para que el uso de tecnologías y plataformas digitales fortalezca la libertad, responsabilidad, efectiva competencia y, en última instancia, la calidad y utilidad de nuestra democracia.
