REFLEXIONES
Por Gonzalo Leaño Reyes
Era costumbre de los presidentes de México anunciar orgullosamente alguna obra importante que habían realizado al cumplir sus primeros treinta días de gobierno. Y luego, en el Informe del primer año enlistaban una larga serie de trabajos concluidos durante su gestión, aunque algunos hubiesen iniciado en el periodo precedente.
Ese primer Informe de gobierno generaba un sentido popular de confianza en el mandatario, lo que le permitía avanzar en sus proyectos y en el manejo de problemas que se presentaban en el país.
Podría decirse que la Presidencia constaba de tres etapas bien definidas: un primer año para afianzar su mando, para ajustar su gabinete y posicionar su personalidad y popularidad; cuatro años de intenso trabajo político, material y de relación con otros países, y el sexto año para preparar la sucesión, elegir al candidato, al que durante años se le conoció como “el tapado” y a garantizar su propia seguridad y bienestar post presidencial.
Hoy, ya no funciona de esa manera. El Presidente está expuesto a la crítica –y no sólo de la oposición– desde el mismo día en que se coloca la banda tricolor. Ni siquiera tiene oportunidad para presumir los logros de los primeros treinta días de gobierno, en caso de que hubiera tales logros.
Estamos por finalizar el año, un año que más o menos coincide con el mando de la Presidenta de la República (inició el 1 de octubre de 2024) y del Gobernador del Estado (inició el 6 de diciembre de 2024). En ninguno de los casos ha habido anuncios espectaculares, señal de que vivimos otros tiempos muy distintos a los del siglo pasado.
El Gobierno Federal ha estado muy ocupado con la reconfiguración del Poder Judicial y la relación con Estados Unidos, mientras que el Gobernador estatal tomó como bandera el mejoramiento de la infraestructura con miras al Mundial de futbol del 2026. En ambos casos, ya cumplieron con el primer año de gobierno.
Con distintas expectativas, ambos enfrentan ahora los siguientes cuatro años que definirán el resultado de sus gestiones. Y en el aparentemente lejano 2029, muy probablemente, ya estarán involucrados en los procesos electorales.
Ojalá que así suceda y que las próximas elecciones intermedias de 2027 no generen conflictos políticos irremediables, porque, entonces sí, el país y el estado lo sufrirían amargamente.
