Charlas en la Cafetería del Barrio
Por Alberto Mora
@alberto_mora
-Vivimos entre malhechores que no le temen a la justicia divina, mucho menos a la justicia que están obligados a impartir las instituciones y entidades públicas que nos gobiernan. Lejos estamos de un estado de Derecho que proteja el marco normativo y que garantice los derechos humanos… bueno, por lo menos el derecho a la vida.
Así inicia la charla Tomás, un joven padre de familia, autor de un par de libros, estudioso de la sociología y aficionado al café de especialidad. Esa mañana se hizo acompañar de Gina, su amiga de la infancia, reportera de profesión, con quien gusta intercambiar información y opiniones relacionadas a temas de actualidad, teniendo como testigos silentes, aromáticos cafés que disfrutan en cada encuentro.
Gina continúa la charla, con un rictus de preocupación:
-Me acuerdo muy bien que hace años escuché decir al sacerdote que nos impartía catecismo que el homicidio se considera como gravemente pecaminoso. Que el “No Matarás” no solo significa no atentar contra la vida del otro, sino velar por la vida. La teoría en la mayoría de las religiones proclama a la vida humana como sagrada. El derecho a la vida no solo es un acto de fe. Por eso el derecho a la vida está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice textualmente: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad…”.
Tomás interrumpe:
-Un estudio del COLMEX en 2013 explica que una de las principales responsabilidades del gobierno federal es vigilar y consumar el derecho a la vida. Proteger y defender la existencia del ser humano. El derecho a la vida se entiende, sin duda, como base y sustento de los demás derechos.
“Para eso, el gobierno debe plantear y financiar esquemas de coordinación interinstitucional, definir funciones eficientes y perfectamente claras para cada dependencia y estructuras de mando. Hablando de este tema, se me viene a la memoria Cesare Bonesana, marqués de Beccaría, autor de “De Los Delitos y las Penas”, un tratado muy influyente en la construcción del derecho penal. Beccaría se influenció de filósofos como Thomas Hobbes, Claude-Adrien Helvétius, Denis Diderot, David Hume, Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu. Personajes de ideas claras, juristas, criminólogos, literatos, filósofos y economistas que contribuyeron a dar forma a nuestro sistema político, de división de poderes. Ellos explican cómo los gobiernos deben asegurar y tienen la obligación jurídica de garantizar la seguridad de la sociedad, de un Estado que se funda sobre un contrato que tiene como objetivo salvaguardar los derechos de los individuos, garantizando el orden. Una sociedad donde los hombres no pueden atribuirse el derecho de matar a sus semejantes. Gobiernos donde la Política Criminal significa la lucha contra el crimen, no las complicidades activas o pasivas con los malhechores. Una sociedad donde los delitos deben ser considerados como una violación del contrato.
“Sin embargo, todos los días nos enteramos que alguien mató a otra persona. Vivimos una incidencia permanente de violación del derecho a la vida”.
Algunos segundos de silencio permiten a Gina hacer una breve reflexión:
-La impunidad, la corrupción y las condiciones económico-ocupacionales son las tres principales causas de los homicidios interpersonales en México, aunque el gobierno trate de encontrar una salida fácil acusando al narcotráfico de todos los problemas de seguridad de México. Buscar culpables de nuestros problemas sin reconocer la incompetencia del propio gobierno, de poco ha servido como solución; por el contrario.
Antes de concluir, Tomás solicita la cuenta y comenta: -No debemos ser insensibles frente a los asesinatos entre seres humanos. La autoridad no debe aceptar por ningún motivo que las personas se maten unas a otras.
“No dejo de sentir impotencia y coraje frente a las autoridades que justifican la muerte de seres humano bajo el argumento de que fue un ajuste de cuentas, que las personas se maten en los espacios de esparcimiento de familias inocentes; que la autoridad reconozca que malhechores controlan territorios, caminos, incluso que estén en riesgo las elecciones democráticas.
“Qué bueno sería que autoridades civiles, militares y espirituales dejaran la publicidad y la mercadotecnia para generar políticas públicas que lleven a reconstruir un tejido social donde el derecho a la vida sea una realidad, y que las personas no se sigan matando unas a otras”.
