Por Juan Carlos Hernández A.
Mtro. en Gestión Social y Políticas Públicas
@juancarleis2020
Hoy día, y ante un mar de discusiones y expresiones generadas por y ante la opinión pública y que se ha manifestado en sus diversos sectores y representaciones a consecuencia de la propuesta para renovar el Poder Judicial, en los foros convocados en diferentes espacios con el propósito de hacer una selección, consulta de elección abierta, sin metodología clara aun, sin oportunidad rigurosa aun y no sé si con legalidad o ilegalidad también aún eso lo definirá el Legislativo.
Propuestas que estaremos viendo a posteriori en la marea de dimes y diretes con el tema de la iniciativa del Ejecutivo federal y que hoy día recae su implementación de consulta sobre el Congreso de la Unión, la nueva forma de hacer valer un proceso para renovar los cientos de jueces y magistrados.
Jueces que a la postre un día unos se van y luego, días después, otros también, pues se ha dicho que sería gradual los cambios. Importante, ya que los nuevos que llegarían tendrán a su cargo la salvaguarda de la impartición de justicia en este nuestro México, no es cosa menor, no lo es; así pues, el método que se pretende propiciar para hacer esa selección de perfiles es por una línea abierta a la ciudadanía en general.
Jueces y magistrados que tendrán a su cargo y responsabilidad el cuidado de hacer cumplir la ley, y además crear juicios con certeza y conforme a derecho y que ante ello es menester saber que se necesitan al menos dos características muy deseables: probidad y experiencia. En ambos casos se relacionan con un considerado curriculum vitae que demuestre amplia solvencia moral y ética. Mire uste que casi en cualquier empleo normal se pide esto para ser contratado, por ello se hace de suma importancia la revisión exhaustiva de quienes en su oportunidad serán los elegidos, aun no sé por quién, pero deberán cubrir perfectamente a cabalidad con los requisitos de ley actuales, si eso no se garantiza entonces. ¿Qué será lo mejor?
El asunto aquí es que debe tomarse en consideración al atributo o merito técnico y no el fijarse la postura política. La elección popular de casi un mil 700 jueces y magistrados quizá puede traer un detenimiento si no que un colapso en la impartición de justicia, pues no habría conocimiento previo de los casos pendientes a resolver. Así, entonces no se puede abrir la opción a ninguna persona que por falta de conocimiento sea llamado a la improvisación de temas tan de alta responsabilidad, más bien considerar hacer aún más profesional la plantilla de personal vigente y crear un servicio civil de carrera para especializar en temas de tan alta importancia, y obtener los cargos por méritos y escalafón, entonces se tendrá una mayor profesionalización en la impartición de justicia. Ello está demostrado.
La ciudadanía, si bien no es especialista en leyes, lo señalo con el debido respeto, sí lo es en tener sentido común, por eso salió a la calle a defender al INE sin legislar y sin ningún contratiempo por dos veces al menos, también lo hicieron para defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo han hecho por otras causas; es decir, cuando se acerca el aviso de que corren peligro las instituciones autónomas o los intereses comunes, los mexicanos, sin pensarlo, salen a defender lo que por sentido de pertenencia defienden como suyo, porque hay instituciones que son bien aceptadas por la ciudadanía, el Poder Judicial lo es también.
La experiencia y probidad en las personas de suyo es loable, plausible y meritorio y se nota, porque hay principios, ética y desempeño ejemplar, cuanto más es imperativo que el funcionariado público lo debe y tiene que ser, es así como los mexicanos con talento y profesión definida debieran ser los administradores de la impartición de justicia en el futuro inmediato. Se necesitan profesionales que ejerzan y conozcan la profesión. Hay que esperar. ¿Usted cómo la ve?
