Por Gilberto Ortega Valdés
Analista Político
La informalidad laboral en México no es un fenómeno marginal ni transitorio, sino un rasgo estructural de nuestra economía. En 2025, alrededor del 55% de las personas ocupadas trabajan en la informalidad, lo que confirma que el problema no solo persiste, sino que se ha normalizado. Lejos de reducirse tras la recuperación pospandemia, la informalidad se consolidó como el principal mecanismo de absorción del empleo, evidenciando la incapacidad del país para traducir el crecimiento económico reciente en trabajos formales, estables y con acceso efectivo a derechos laborales.
Uno de los factores más determinantes de este fenómeno es la complejidad regulatoria, que en los hechos opera como una barrera de entrada a la formalidad. Para una micro o pequeña empresa, formalizarse significa enfrentar una maraña de trámites fiscales, laborales, municipales y de seguridad social que resultan costosos, lentos y difíciles de comprender. La carga administrativa no distingue tamaño ni etapa del negocio: se impone prácticamente el mismo entramado normativo a un micronegocio familiar que a una empresa consolidada. Bajo estas condiciones, la informalidad deja de ser una desviación del sistema y se convierte en una decisión racional, una forma de sobrevivir en un entorno institucional que castiga a quien intenta cumplir.
El Índice de Burocracia 2025, elaborado por el Centro Adam Smith para la Libertad Económica, advierte que “la burocracia en México se convierte en un incentivo perverso, pues motiva a los negocios a recurrir a la informalidad como estrategia de supervivencia”. Esta afirmación sintetiza con claridad cómo el diseño institucional empuja a miles de unidades económicas a operar fuera del marco legal.
A ello se suma la incertidumbre jurídica. Cambios frecuentes en las reglas fiscales, criterios de fiscalización poco claros e inspecciones percibidas como punitivas generan incentivos para “no dejar huella”. Para miles de pequeños negocios, la formalidad no representa acceso real a beneficios —como crédito, mercados o protección social efectiva— sino una exposición inmediata a costos y sanciones que no pueden absorber.
Los datos refuerzan esta lectura. Entre 2021 y 2024, la economía informal creció más rápido que la formal, absorbiendo la mayor parte de la nueva ocupación generada en el país. De acuerdo con la CONCANACO SERVYTUR, el 67% de las MIPYMES operan en la informalidad, lo que confirma que una proporción mayoritaria de las unidades económicas nace fuera del marco legal y permanece ahí de manera estructural.
Romper este círculo vicioso exige una basada en incentivos y no únicamente en control. A nivel estrategia coordinada entre municipio, estado y Federación, municipal, es indispensable simplificar licencias, reducir tiempos y costos de apertura, y establecer ventanillas únicas reales para micronegocios, acompañadas de asesoría técnica durante los primeros años. En el ámbito estatal, se requiere armonizar inspecciones laborales y fiscales bajo un enfoque preventivo, ofrecer esquemas graduales de cumplimiento y vincular la formalidad con acceso efectivo a capacitación, financiamiento y compras públicas. Desde la Federación, resulta clave rediseñar los regímenes fiscales simplificados, garantizar estabilidad normativa y asegurar que la seguridad social sea un beneficio tangible y oportuno, particularmente en materia de salud.
Reducir la informalidad no pasa por endurecer la fiscalización ni por discursos moralizantes. Pasa por simplificar reglas, dar certeza y demostrar que la formalidad sí conviene. Mientras el Estado no logre alinear sus incentivos con la realidad productiva del país, la informalidad seguirá siendo la opción racional para millones de personas.
En ese sentido, el crecimiento de la informalidad no es un fracaso individual de trabajadores y emprendedores, sino el reflejo de un modelo institucional que aún no ha sabido integrar a la mayoría de su economía.
