Aprovechando la ocupación napoleónica en España, el virrey Iturrigaray trató de convertirse en monarca de esta parte del Nuevo Mundo.
Por Alfredo Arnold
Dos años antes del “Grito de Independencia” dado por Miguel Hidalgo en Dolores, una serie de hechos ocurridos en España, principalmente la captura del rey Fernando VII por las fuerzas de Napoleón Bonaparte, puso al virreinato de la Nueva España en tesitura de independizarse.
Al conocerse los hechos peninsulares, un grupo de autoridades virreinales estudió diversas maneras de reaccionar ante la situación; las posiciones mayoritarias que se plantearon iban en el sentido de seguir apoyando al Rey de España, pero el virrey Iturrigaray aprovechó la ocasión para tratar de encumbrarse como monarca de estas tierras.
El intento no fructificó. Las intenciones de Iturrigaray fueron descubiertas y un grupo de comerciantes liderados por Gabriel de Yermo organizó un grupo de defensa integrado por comerciantes españoles que aprehendió al virrey y lo envió a España donde fue juzgado.
Esto ocurrió en 1808. Posteriormente el rey de España Fernando VII fue liberado y su gobierno restituido, aunque con características muy distintas a las que privaban cuando fue llevado preso a Francia.
Mientras tanto, en la Nueva España había prendido la idea de la emancipación. En Querétaro se llevaban a cabo juntas secretas a las que asistían intelectuales como Miguel Hidalgo y militares como Ignacio Allende. Poco después de dos años desde que estalló el movimiento de la insurrección de Iturrigaray, se produjo el “Grito” de Hidalgo e inició la lucha de once años que finalizó en septiembre de 1921 con la entrada del Ejército Trigarante a la capital mexicana.
A CONTINUACIÓN, UNA BREVE NARRACIÓN DEL INTENTO INDEPENDENTISTA DE 1808:
La noticia de las renuncias de Carlos IV y Fernando VII al trono de España se recibió en la ciudad de México el 14 de julio de 1808. Al día siguiente, el virrey José Joaquín Vicente de Iturrigaray y Aróstegui reunió al Real Acuerdo, que era un cuerpo formado por los oidores para asesorarlo en los asuntos difíciles, y se decidió no obedecer órdenes de Murat, jefe francés de la ocupación de España. El Ayuntamiento de la ciudad de México, fue más allá, pues entregó al virrey un documento en el que se asentaba que las reales renuncias eran nulas porque fueron «arrancadas por la violencia»; que la soberanía radicaba en todo el reino y en particular en los cuerpos que llevaban la voz pública, «quienes la conservarían para devolverla al legítimo sucesor, cuando España se hallase libre de fuerzas extranjeras». En consecuencia, el virrey debía continuar provisionalmente en el gobierno, ahora en representación de la soberanía popular. Iturrigaray estuvo de acuerdo.
Pero no todos estuvieron de acuerdo, lo que dio lugar a una reunión para estudiar el problema. Acudieron las principales autoridades de la ciudad: virrey, oidores, arzobispos, canónigos, prelados de religiosos, inquisidores, jefes de oficina, títulos, vecinos principales y gobernadores de las parcialidades de indios.
La reunión tuvo lugar el 9 de agosto de ese año. Para la Audiencia, integrada mayoritariamente por comerciantes peninsulares y europeos, la autoridad del monarca no era cuestionable y había que esperar. Para el Ayuntamiento las corporaciones debían de pactar una forma alternativa de gobierno, de autogobierno. No hubo acuerdo con los regidores, el inquisidor Prado y Ovejero declaró proscrita la afirmación de que la soberanía había vuelto al pueblo, hecha por el síndico Francisco Primo de Verdad y Ramos.
Sin embargo, todos aceptaron que Iturrigaray continuara como lugarteniente de Fernando VII. Pero tres días más tarde, Iturrigaray dispuso que no se obedeciera a ninguna junta peninsular, a menos que fuera creada por Fernando VII, con lo cual, de hecho, estando el monarca prisionero, se desligaba de toda autoridad en España.
Entonces, el gremio de comerciantes españoles de la capital comenzó a reunir pólvora y armas para formar secretamente un batallón denominado «voluntarios de Fernando VII» (“chaquetas”, bautizados por el pueblo) para poner fin a la «traición» del virrey Iturrigaray y de los regidores. Asimismo, corrió la voz de una rebelión de los criollos y de las pretensiones de Iturrigaray y de la virreina de convertirse en los reyes de un México independiente.
El virrey Iturrigaray convocó a un congreso de representantes de todos los ayuntamientos a petición del alcalde Jacobo de Villaurrutia, y ordenó se trasladaran a la capital los regimientos de Infantería de Celaya y de Dragones de Aguascalientes, que le eran leales. Estas acciones del virrey despertaron la sospecha en Gabriel de Yermo, que acaudillaba a los peninsulares, de que el virrey consumaría la independencia de Nueva España y se proclamaría como su rey, por lo que la noche del 15 de septiembre, Yermo citó a algunos comerciantes en la Plaza de Armas; ordenó apagar los faroles e impuso el toque de queda; la caballería de Michoacán guareció todas las plazas y los religiosos de los conventos se distribuyeron en las plazuelas y barrios para apaciguar al pueblo.
Yermo, al frente de 300 hombres de sus haciendas, a las tres de la mañana, procedió a aprehender al virrey “por traidor a la religión, a la patria y a nuestro Fernando VII”. También fueron aprehendidos los regidores Francisco Azcárate y Beye de Cisneros, el síndico Francisco Primo de Verdad, el licenciado Cristo, el abad de Nuestra Señora de Guadalupe, el canónico Beristáin, y el mercedario Melchor de Talamantes.
El palacio virreinal fue saqueado en busca de documentos que probaran la traición, pero no encontraron pruebas; en cambio, se enteraron que el rey nombraba a Roque Abarca como sucesor de Iturrigaray en caso de su muerte, lo cual no convenía a sus intereses. Por lo tanto, los oidores, el arzobispo y otros notables, reunidos en la Sala de Acuerdos, declararon al virrey separado de su cargo y nombraron como sustituto a Pedro Garibay, con el argumento de que el rey había nombrado a Abarca si Iturrigaray estuviera muerto y aún estaba vivo, preso en la Inquisición.
Iturrigaray fue llevado al convento de Betlemitas y después al castillo de Perote. El 25 de septiembre siguiente, fue enviado a San Juan de Ulúa, y el 6 de octubre embarcado a España en la fragata “San Justo”. Estuvo preso en Cádiz y fue procesado por infidencia. Posteriormente se acogió a la amnistía concedida por las Cortes en 1810, aunque posteriormente fue sometido a otro largo juicio de residencia.
Murió en Madrid el 3 de noviembre de 1815 sin que el juicio hubiera concluido. Ya muerto se le condenó a pagar 435,413 pesos por habérsele encontrado reo de peculado.
En 1824 el Congreso Mexicano mandó sobreseer el cumplimiento de esta sentencia, pero hubo una reclamación parcial contra los herederos, que fue fallada en su contra por la Suprema Corte de Justicia mexicana.
La autora Doralicia Carmona cita a Artemio del Valle-Arizpe (“Virreyes y Virreinas de la Nueva España”), después de referirse a toda la corrupción que pudo haber cometido Iturrigaray: “Pero el mayor bien que hizo el virrey Don José Iturrigaray a México fue el de la introducción de la vacuna, con la que salvó a miles y miles de seres de las espantosas, asoladoras epidemias de viruelas que hacían grandes estragos en toda la Nueva España”.
