El fracaso de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados de México abrió un nuevo frente político en el bloque gobernante.
Por Ángel Nakamura
La mandataria anunció que impulsará un “Plan B” enfocado en reducir gastos en congresos locales, ayuntamientos y órganos electorales, pero el contexto en el que surge la propuesta sugiere algo más que una simple reconfiguración legislativa: podría marcar el inicio de un distanciamiento entre Morena y sus aliados electorales de la llamada Cuarta Transformación, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La iniciativa original de reforma electoral fue rechazada en el pleno con 334 votos en contra. La alianza formada por PVEM, PT, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano bloqueó el dictamen, dejando a Morena con 259 votos, insuficientes para alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.
El revés legislativo no solo evidenció la dificultad del gobierno para impulsar cambios estructurales en el Congreso, sino también tensiones dentro del propio bloque oficialista.
PT y Verde insisten en ser aliados de la presidenta
Aunque tanto el PT como el Verde reiteraron su respaldo político a la presidenta, argumentaron que la propuesta electoral podía generar condiciones “antidemocráticas” para la competencia política y el acceso al Congreso.
Esa postura fue suficiente para frenar el proyecto y dejó sin efectos jurídicos la iniciativa, ya que al no aprobarse en la Cámara de Diputados no se generó ninguna minuta para ser enviada al Senado.
La reacción de la presidenta fue inmediata. Durante su conferencia de prensa matutina, anunció que su gobierno promoverá un plan alternativo enfocado en reducir gastos y privilegios en estructuras políticas locales.
Según explicó, el objetivo es liberar recursos públicos que podrían alcanzar cerca de 4,000 millones de pesos, dinero que se destinaría a necesidades sociales en los municipios.
Sheinbaum sostuvo que el nuevo plan mantiene la misma lógica de la reforma original: reducir el gasto público destinado a estructuras políticas y administrativas que, desde su perspectiva, continúan operando bajo un esquema de privilegios.
Afirmó que durante décadas ha luchado contra ese modelo y que no está dispuesta a renunciar a los principios que dieron origen al movimiento político que representa.
“El objetivo siempre fue acabar con el régimen de corrupción y privilegios”, afirmó. “Todavía quedan áreas en México donde funcionarios públicos reciben recursos excesivos”.
¿Qué plantea el Plan B?
El nuevo planteamiento contempla modificaciones legales para establecer límites al gasto en congresos estatales y reducir el número de regidores en los ayuntamientos.
Sheinbaum argumentó que existen diferencias presupuestales injustificadas entre legislaturas locales. Como ejemplo, señaló que en Baja California el costo anual por legislador ronda los 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima es de apenas 5.1 millones, pese a que ambos congresos cuentan con 25 diputados.
La propuesta también apunta a reducir el tamaño de los cabildos municipales. Ciudades como Acapulco, Monterrey y Puebla tienen entre 20 y 28 regidores, cifras que la presidenta considera excesivas.
Según su planteamiento, disminuir el número de regidores permitiría liberar recursos para obra pública y servicios básicos en los municipios, como agua potable, drenaje o mantenimiento urbano.
El plan alternativo incluye además cambios en los mecanismos de participación ciudadana. La presidenta Sheinbaum planteó la posibilidad de someter a consulta pública algunos temas electorales, como el financiamiento a partidos políticos, algo que actualmente no está permitido en la legislación.
También propuso flexibilizar los plazos para la revocación de mandato, de modo que pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno.
Sheinbaum sostuvo que el nuevo plan mantiene la misma lógica de la reforma original: reducir el gasto público destinado a estructuras políticas y administrativas que, desde su perspectiva, continúan operando bajo un esquema de privilegios.
El contexto político de tensión se intensifica
Sin embargo, más allá del contenido técnico de la propuesta, el contexto político en el que surge el “Plan B” refleja un momento de tensión dentro del bloque gobernante.
La presidenta fue particularmente crítica con los legisladores que no respaldaron su iniciativa, incluidos algunos integrantes de la propia bancada de Morena.
Entre ellos se encuentran los diputados Gisela Arellano, Santi Montemayor y Alejandra Chedrawi Peralta, además de las ausencias de Jesús Jiménez e Iván Peña y la abstención de la senadora y exministra Olga Sánchez Cordero.
Sheinbaum señaló que los diputados federales son libres de votar, pero subrayó que la iniciativa respondía a un mandato político del movimiento para terminar con privilegios en el sistema electoral. En ese sentido, dejó entrever que Morena evaluará internamente las decisiones de quienes no respaldaron el proyecto.
“Aquí nadie pide que lo que dice la presidenta se repita, se hacen las cosas por convicción. Quien no votó, pues no tiene esa convicción”, declaró.
La mandataria también rechazó que el rechazo legislativo represente una derrota política para su gobierno. Por el contrario, afirmó sentirse satisfecha con el proceso porque, a su juicio, permitió evidenciar las posiciones de cada fuerza política.
“No es el consenso por el consenso”, dijo. “Nosotros tenemos un mandato popular y convicciones”.
En ese escenario, el “Plan B” anunciado por la presidenta no solo representa un intento de mantener viva la agenda de austeridad política en el sistema electoral.
También marcaría el inicio de una nueva etapa en la relación entre Morena y sus aliados legislativos, cuya cohesión ha sido clave para impulsar el proyecto de la Cuarta Transformación en los últimos años.
Si el distanciamiento se consolida en futuras votaciones, el bloque oficialista podría enfrentar mayores dificultades para construir mayorías en el Congreso, especialmente en reformas que requieran cambios constitucionales.
El envío del nuevo paquete legislativo al Congreso, previsto para los próximos días, será una primera prueba de esa relación en evolución.
