Más que una demanda económica, el movimiento campesino plantea una advertencia política: sin justicia para el campo, no habrá estabilidad en el país. Porque, como recuerdan los propios agricultores, el lema que ha acompañado sus luchas sigue siendo más vigente que nunca: “Sin maíz, no hay país”.
Por Ángel Nakamura
El campo mexicano atraviesa una de sus etapas más tensas en años. A mediados de octubre pasado, agricultores de 17 estados del país realizaron bloqueos, marchas y protestas ante lo que describen como un abandono histórico por parte del Estado.
Detrás de los cierres carreteros y las afectaciones a la vida urbana hay un mensaje claro: el campo está cansado de promesas incumplidas, y si no hay soluciones en los próximos días o semanas, las movilizaciones podrían escalar a nivel nacional.
Las protestas, encabezadas por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, buscan una respuesta inmediata a la crisis que afecta la comercialización del maíz y otros granos básicos. Eraclio “Yako” Rodríguez, dirigente del movimiento, denunció que los campesinos llevan siete años solicitando audiencia con los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, sin recibir atención adecuada.
“Podemos garantizar productividad, pero necesitamos que el Estado garantice precios justos. No pedimos subsidios, pedimos justicia comercial”, afirmó Rodríguez, quien exigió mesas de trabajo con las Secretarías de Economía, Hacienda y Gobernación.
El grano de la discordia
El conflicto tiene un origen económico profundo: el precio actual de la tonelada de maíz, de 5 mil pesos, no cubre los costos de producción. Los agricultores reclaman 7 mil 200 pesos por tonelada, cifra que consideran el mínimo necesario para sostener a sus familias y mantener activa la producción nacional.
Además, exigen excluir los granos básicos del T-MEC, argumentando que el tratado comercial favorece las importaciones baratas desde Estados Unidos y arrincona a los productores locales.
La dependencia mexicana del maíz extranjero es alarmante. Solo en 2024, México importó más de 22 millones de toneladas, principalmente de Estados Unidos, equivalentes al 47% de la demanda nacional.
Esta dependencia no solo afecta la soberanía alimentaria, sino que también ha estancado la producción nacional, hundiendo a miles de campesinos en la precariedad.
La protesta se extiende
En Sinaloa, los productores bloquearon la avenida Álvaro Obregón en Culiacán y varias casetas carreteras. En Michoacán, agricultores de aguacate, limón y berries se sumaron al paro nacional con movilizaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia.
En Zacatecas, Durango, Chihuahua y Jalisco, los campesinos han anunciado nuevos bloqueos en solidaridad con sus compañeros del norte y occidente del país.
Baltazar Valdez, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, advirtió que, de persistir la indiferencia federal, el movimiento podría cerrar puertos y bloquear graneros extranjeros, elevando la tensión social.
“Estamos al límite. Si no hay diálogo, las protestas continuarán. No se puede hablar de soberanía nacional mientras el maíz mexicano siga siendo mal pagado”.
Un campo sin respaldo
Las manifestaciones de octubre no son un hecho aislado, sino el reflejo de décadas de abandono institucional. La liberalización agrícola de los años 90 dejó al campesinado en desventaja frente a un mercado global controlado por potencias agrícolas subsidiadas.
Actualmente, las tasas de interés de hasta 20% en créditos rurales, la falta de infraestructura y la ausencia de políticas de protección al precio del maíz han quebrado a miles de familias rurales.
Mientras el precio de la tortilla supera los 25 pesos por kilo, los campesinos aseguran que los beneficios no llegan al productor.
Riesgo de una crisis nacional
El paro nacional por el campo mexicano representa un punto de inflexión. Si el Gobierno federal no abre mesas de negociación reales y no establece mecanismos que garanticen precios de garantía desvinculados de la Bolsa de Chicago, la protesta podría extenderse por todo el territorio.
Más que una demanda económica, el movimiento campesino plantea una advertencia política: sin justicia para el campo, no habrá estabilidad en el país.
Porque, como recuerdan los propios agricultores, el lema que ha acompañado sus luchas sigue siendo más vigente que nunca:
“Sin maíz, no hay país”.
