Por Abril de María Ledezma Zermeño
Arquitecta y abogada
Doctoranda en Hábitat y Sustentabilidad
Hablar de violencia en Jalisco se volvió un lugar común. Lo extraordinario —y más inquietante— es cuando la violencia deja de ser “un problema de seguridad” y se vuelve, también, un problema urbano: no solo quema de vehículos o bloqueos de vías de comunicación, además infraestructura urbana utilizada contra el derecho a la ciudad. Algunos ciudadanos hemos sido testigos desde primera fila de cómo ciertos equipamientos ―que en condiciones de paz y armonía nos facilitan la vida― en condiciones de anarquía pueden convertirse en un factor que incrementa la vulnerabilidad de ciertos segmentos de la población.
En tiempos de calma, una estación de servicio ubicada en una zona densamente poblada es simplemente un punto conveniente de abastecimiento, así como un transformador eléctrico es parte silenciosa de la infraestructura que sostiene el funcionamiento de la ciudad. El mobiliario urbano organiza flujos, protege peatones, ilumina trayectos y da soporte a actividades económicas. El problema no es su existencia, es su exposición, su localización y su falta de blindaje, en un contexto donde la violencia dejó de ser hipótesis y pasó a ser variable de diseño.
En escenarios de confrontación, persecuciones o actos deliberados de vandalismo, las instalaciones que concentran combustible o energía, se transforman en focos de alto riesgo como quedó demostrado durante la jornada en la que el código rojo tuvo que establecerse en Jalisco. Una gasolinera deja de ser un negocio para convertirse en almacenamiento de materiales inflamables sin resguardo. Un transformador expuesto no es únicamente una caja metálica suspendida ―y fea―, es un punto crítico cuya manipulación, impacto o sabotaje puede dejar en condiciones de vulnerabilidad a muchas personas para sostener la vida cotidiana.
El diseño urbano parte, en teoría, de un supuesto de orden. Los elementos urbanos se plantean pensando en funcionalidad y a veces, hasta en estética, pero cuando la violencia se convierte en una variable real, ese supuesto se fractura. Lo que estuvo concebido para servir puede aliarse con el bando equivocado y la ciudad no siempre está preparada para la artera puñalada recibida por sus mismos “habitantes” utilizando su propia infraestructura.
En Jalisco, donde múltiples episodios de violencia han implicado bloqueos, incendios de vehículos o ataques en espacios públicos, urge una reevaluación desde la gestión integral del riesgo (Protección Civil y Bomberos, autoridades municipales, reguladores) para responder una pregunta sencilla, pero brutal: ¿se autorizan y supervisan estas instalaciones pensando solo en condiciones regulares, o también bajo escenarios extraordinarios.
La normativa suele exigir distancias mínimas, señalización, sistemas contra incendio y mantenimiento. Pero la variable violencia —y su capacidad de escalar— sigue tratándose como externa, cuando en realidad ha dejado de ser un escenario imaginario.
Un acto vandálico en una estación de servicio puede escalar con rapidez alcanzando grandes proporciones si no existen medidas adecuadas de contención y una distancia verdaderamente útil de seguridad y control perimetral. Un transformador mal protegido puede convertirse en punto de afectación directa a la seguridad física y otras desventajas en la seguridad para la población como fallas en la comunicación o almacenamiento de víveres.
La discusión, entonces, no es “blindar la ciudad”, sino hacerla menos frágil. Eso implica: revisar ubicaciones de instalaciones hoy rodeadas por densidades mayores que las existentes cuando fueron autorizadas; fortalecer perímetros y protocolos de protección física; prever abastecimiento hídrico para siniestros (no depender solo de pipas); y definir protocolos extraordinarios de respuesta territorial.
Mientras que una persona puede elegir no acudir a un evento masivo o salir a la calle durante un episodio de violencia, difícilmente puede hacer algo para evitar el riesgo cuando una estación de servicio o un transformador colinda con su vivienda. En estas condiciones el piso no está parejo para todos los jaliscienses, no hay justicia urbana. El equipamiento urbano no debería de convertirse en una amenaza para nadie y que su función es la de estructurar la ciudad y sus actividades no la de fragilizarla.
Las vivencias de los días pasados nos deben invitar a pensar más allá del funcionamiento ordinario de la ciudad lo que implica revisar ubicaciones de instalaciones vulnerables que hoy están rodeadas por densidades mayores que cuando fueron autorizadas o que simplemente se insertaron con la mayor facilidad en zonas ya consolidadas, valiéndose de algún recurso legal ―como el amparo―. Implica también actualizar protocolos de protección física, reforzar perímetros, y establecer protocolos extraordinarios para no ser tan vulnerables ante sujetos con una motoneta y bombas caseras en las manos o armas de fuego que atacan a los sistemas que mantienen operando los signos vitales a nuestro estado. También habría de pensarse en la presencia de líneas de agua especiales para siniestros y no solo confiar en las pipas.
No se trata de promover alarma sino de introducir racionalidad preventiva. Después de esta jornada, la violencia no puede ser vista como fenómeno ajeno al urbanismo. La ciudad no solo es un escenario, es también condición. Si el entorno construido amplifica las consecuencias de la violencia, entonces forma parte de su bando, de la ecuación que se utiliza como medio de control y de vulneración a la percepción de seguridad de la ciudadanía por parte de grupos delictivos.
La prevención es una obligación técnica y política, no un lujo. Cuando el equipamiento urbano se percibe como frágil o expuesto, la sensación de vulnerabilidad de la población se incrementa. Ahora somos testigos de que la infraestructura también comunica. Todo lo que no cuenta con las adecuadas medidas de protección y cuidado, transmite la idea de improvisación y descuido administrativo e invita a la transgresión. No se trata de blindar, pero sí de planear espacios y elementos que resistan la adversidad y no se conviertan en multiplicadores del daño.
La violencia es un fenómeno social complejo que si bien el urbanismo no la origina ni la resuelve por sí solo, sí puede atenuarla o agravarla. Cuando el equipamiento se inserta sin considerar escenarios de riesgo, la ciudad se vuelve más frágil de lo necesario, contrario a cuando se integra con previsión y resguardo adecuado, contribuye a amortiguar impactos. El entorno construido no es neutral. Las decisiones sobre dónde colocar, cómo proteger y cómo supervisar instalaciones críticas son decisiones que afectan vidas. En contextos de tensión, esas decisiones se visibilizan como nunca. En tiempos violentos, lo que debería ayudar no debe de convertirse en amenaza.
El debate no es sencillo porque implica costos, revisiones normativas y coordinación interinstitucional. Pero ignorar lo ocurrido en diversos puntos del estado no lo vuelve inexistente. La ciudad que solamente se piensa para la postal y para el evento masivo internacional, termina acumulando vulnerabilidades que afectan intensamente a quienes menos capacidad tenemos de protegernos, los ciudadanos comunes y corrientes, los que no alcanzamos boleto para el futbol.
