NOTA DEL EDITOR
Por Julio César Hernández
@jcentresemana
Inmersos en la discusión sobre la pretendida desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como lo propone en su iniciativa de reforma electoral el presidente Andrés Manuel López Obrador, poco o nada se ha volteado a ver el planteamiento de que desaparezcan los Organismos Públicos Locales (Oples), que en el caso de Jalisco es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
La misma suerte correrían los tribunales electorales locales, de tal manera que sea el organismo nacional propuesto el que se encargue de las elecciones estatales (gobernador, diputados locales y presidentes municipales), con lo que presuntamente se lograría un enorme ahorro económico y se evitaría la duplicidad de funciones.
No es la primera vez que este tema está en la mesa de discusiones, pero finalmente se lograba disipar cualquier posibilidad de concretarse porque simplemente no era del interés federal. Hoy es diferente, porque López Obrador está dispuesto a sacar su reforma a como dé lugar. Y para ello ya está trabajando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien la semana pasada ventiló que ya “cocinaba” con el PRI y algunos legisladores del PAN, sacar adelante la iniciativa lópezobradorista.
A diferencia del significado y trascendencia de fondo que tiene la desaparición del INE tal y como está actualmente, ¿quién extrañaría la existencia de las Oples, en este caso del IEPC, si no son los partidos políticos, los grupos fácticos y el gobierno del Estado en turno, entre quienes se reparten los espacios del árbitro electoral estatal? ¿O queda duda alguna de que el Instituto Electoral en Jalisco ha respondido siempre al gobernador en turno? ¿Queda alguna duda de que los asientos en este órgano electoral responden a la sentencia política de que son “cuotas” para los “cuates”?
Así es hoy y así ha sido siempre…
La reforma electoral de Amlo no plantea, como en el caso del INEC que propone, que los consejeros electorales locales sean electos por la ciudadanía, al igual que los magistrados; no, López Obrador decide “borrarlos” de un “plumazo”. Y quizás no sea una mala idea, tanto para evitar gastos excesivos -aún contra la cantaleta aquella de que “la democracia cuesta”-, como para acabar con que al igual que el Congreso del Estado o el Poder Legislativo, el IEPC siga siendo una dependencia más del Poder Ejecutivo.
Podremos enfrascarnos en discusiones eternas y profundas, organizar mesas redondas, consultar a los expertos en la materia, pero a final de cuentas todo recaerá en que los consejeros designados seguirán respondiendo a los intereses de los partidos políticos cuyas bancadas en el Congreso se repartieron según el peso que cada uno de ellos tiene en el estado. O a los intereses de los grupos fácticos en el estado, que también responden a los intereses partidistas con los que hacen sus alianzas.
Y esto sucede tanto en los institutos electorales, hoy denominados Oples, como en los tribunales electorales, donde los magistrados mantienen la legislación estatal en la materia guardada bajo llave, para “guiar” sus resoluciones en función de los deseos de quien en ese momento despacha en Casa Jalisco.
En la actualidad, los Oples y los tribunales electorales locales son simples oficinas de mero trámite, porque a final de cuentas sus resoluciones siempre serán atacadas en los órganos jurisdiccionales federales. Los propios ofendidos -candidatos o partidos políticos- así los consideran, pues recurren a ellos porque así lo establece la ley, pero siempre esperan su veredicto para recurrir a la siguiente instancia, ya sea quien resultó perdedor o, incluso, el ganador.
Por eso creo que Jalisco, caso particular, nada pierde si no existe el IEP ni el Tribunal Electoral del Estado. Preguntémosle a los ciudadanos, y lo confirmaremos.
