Por Edith Roque
Profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara, SNI Nivel 1
El cierre de 2025 ofrece una oportunidad poco frecuente para el análisis sereno. No se trata de un año marcado por rupturas abruptas ni por crisis de gobernabilidad, sino por la consolidación de decisiones relevantes y la apertura de debates estructurales que trascienden la coyuntura política. Desde una perspectiva constitucional, 2025 puede leerse como un año de ajuste institucional: uno en el que la eficacia del Estado se puso a prueba y en el que emergieron, con mayor claridad, los retos asociados a la calidad democrática, la garantía de derechos y la sostenibilidad de las políticas públicas.
México, en su conjunto, y entidades federativas con peso propio —como Jalisco— llegan a este cierre anual con estabilidad política relativa, capacidad de ejecución administrativa y una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos. El desafío central no es la ausencia de acción pública, sino cómo asegurar que esa acción se traduzca en resultados equitativos, institucionalmente sólidos y constitucionalmente compatibles.
Avances que conviene reconocer
Desde el plano federal, 2025 mostró que el Estado conserva capacidad para sostener gobernabilidad y continuidad en políticas públicas. La política social mantuvo su centralidad como instrumento de cohesión, la estabilidad macroeconómica permitió enfrentar presiones externas significativas y el Congreso procesó un volumen relevante de reformas y leyes secundarias. En términos procedimentales, el sistema político funcionó.
A nivel subnacional, Jalisco evidenció la importancia del federalismo operativo. La inversión en infraestructura, movilidad, salud y educación, así como el dinamismo económico y la atracción de inversión, confirmaron que la gestión territorial sigue siendo un espacio decisivo para el desarrollo. Estos avances, sin embargo, deben evaluarse no solo por su impacto inmediato, sino por su compatibilidad con principios constitucionales de igualdad, progresividad y no regresividad de derechos.
Reconocer avances no implica suspender el análisis crítico. En un Estado constitucional, la eficacia gubernamental es condición necesaria, pero nunca suficiente.
Las formas importan: diseño institucional y legitimidad
Uno de los aprendizajes centrales de 2025 es que las formas constitucionales importan tanto como los fines políticos. Las discusiones en torno a la reorganización del sistema de justicia y a la reconfiguración de los mecanismos de transparencia no deben interpretarse como disputas ideológicas, sino como debates sobre arquitectura institucional, división de poderes y controles democráticos.
En materia judicial, el desafío es ampliamente conocido en el constitucionalismo comparado: cómo fortalecer la legitimidad social del Poder Judicial sin comprometer su independencia técnica. Las reformas no se agotan en su aprobación normativa; su éxito depende de reglas claras de transición, criterios de mérito verificables, evaluación permanente y mecanismos de rendición de cuentas compatibles con la autonomía judicial. La clave constitucional no es la velocidad del cambio, sino su capacidad para preservar la imparcialidad, la profesionalización y la confianza pública.
En el ámbito estatal, el hecho de que ciertas reformas permanezcan en deliberación puede leerse como una oportunidad institucional. Las reformas que perduran son aquellas que incorporan consenso razonado, participación social informada y técnica legislativa cuidadosa. El constitucionalismo no se fortalece con decisiones apresuradas, sino con reglas estables y legítimas.
Transparencia y rendición de cuentas: una transición que exige precisión
Otro eje relevante de 2025 fue la transformación de los sistemas de transparencia y acceso a la información. Desde una óptica constitucional, el derecho a saber no depende exclusivamente de la existencia de determinados órganos, sino de la efectividad del sistema en su conjunto. Ello implica procedimientos claros, plataformas accesibles, sanciones reales y una cultura administrativa orientada a la apertura.
La transición hacia nuevos modelos institucionales exige evitar vacíos normativos y garantizar continuidad en la protección del derecho de acceso a la información y de los datos personales. El periodo que inicia en 2026 será determinante para evaluar si los nuevos esquemas cumplen con los estándares constitucionales e internacionales, y para realizar los ajustes necesarios. La rendición de cuentas pierde fuerza cuando se percibe como discurso; la recupera cuando se traduce en controles verificables.
Desafíos: el tramo que exige precisión institucional
Aun reconociendo los avances alcanzados, el balance de 2025 muestra que los desafíos más relevantes no son de intención ni de orientación general, sino de implementación, coordinación y profundidad institucional. El siguiente tramo del camino no depende tanto de nuevas decisiones de alto impacto, sino de la capacidad del Estado para ejecutar con coherencia, evaluar con evidencia y corregir con oportunidad.
La violencia, entendida como un fenómeno estructural, sigue siendo uno de los retos más complejos. Más allá de los indicadores, la experiencia cotidiana de amplios sectores de la población continúa marcada por extorsiones, desapariciones y delitos que afectan la confianza en las instituciones. El reto constitucional aquí no es solo reforzar estrategias, sino alinear capacidades locales, financiamiento suficiente y políticas de prevención, evitando respuestas fragmentadas.
En el plano de la justicia, la implementación de las reformas exige reglas claras de gobernanza judicial, evaluación técnica permanente y comunicación pública que fortalezca la confianza. Las reformas deben observarse, medirse y ajustarse, conforme a un principio básico del constitucionalismo moderno: la autocorrección institucional.
Derecho, políticas públicas y capacidad estatal
Desde una perspectiva jurídico–constitucional, el principal reto para México y Jalisco no es la definición de nuevos objetivos, sino la articulación efectiva entre normas constitucionales, diseño de políticas públicas y ejecución territorial.
Los déficits de equidad y gobernanza rara vez derivan de la ausencia de programas; suelen originarse en su fragmentación, en la desigual implementación y en la falta de evaluación de impacto.
Resulta indispensable consolidar un enfoque de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, conforme al artículo 1º constitucional y al principio de progresividad. El presupuesto debe entenderse como un instrumento de garantía material de derechos, no solo como una herramienta financiera. La equidad presupuestaria exige asignaciones diferenciadas que atiendan desigualdades estructurales, territoriales y sociales.
En materia de justicia, garantizar la independencia judicial requiere algo más que declaraciones normativas: demanda reglas constitucionales claras de selección, evaluación y permanencia, mecanismos de rendición de cuentas compatibles con la autonomía judicial y espacios de participación ciudadana que fortalezcan la legitimidad sin comprometer la imparcialidad. El objetivo constitucional es un sistema de justicia que combine legitimidad democrática, profesionalización técnica y controles institucionales eficaces.
En seguridad pública, el enfoque debe desplazarse de la reacción a la gestión integral del riesgo, integrando prevención social, coordinación intergubernamental y corresponsabilidad financiera. Sin esta articulación, los esfuerzos coercitivos tienden a ser temporales y socialmente regresivos.
El desarrollo económico, finalmente, debe concebirse como una política transversal de derechos, vinculando inversión con empleo digno, movilidad social y acceso efectivo a servicios públicos. El crecimiento solo es constitucionalmente relevante cuando se traduce en reducción sostenida de desigualdades y en oportunidades reales para las regiones históricamente rezagadas.
Evaluación, corrección y aprendizaje institucional
Más que una nueva ola de reformas, el momento político demanda una etapa de evaluación constitucional de políticas públicas. Las democracias que perduran no son las que reforman sin pausa, sino las que corrigen a tiempo. Apostar por evaluación independiente, deliberación legislativa sustantiva y participación ciudadana informada fortalece la legitimidad de las decisiones públicas.
La cooperación entre niveles de gobierno y entre poderes del Estado será clave para evitar duplicidades y construir políticas coherentes con el principio de división funcional del poder.
Fortalecer sin polarizar
El cierre de 2025 deja una enseñanza constitucional clara: fortalecer el Estado no implica polarizar la discusión pública. Implica equilibrio, autolimitación y capacidad de ajuste. Los avances logrados constituyen una base relevante, pero su sostenibilidad dependerá de la disposición institucional para revisar, corregir y mejorar.
En un contexto global marcado por la desconfianza, el análisis propositivo no es neutralidad pasiva, sino responsabilidad democrática. Porque las instituciones no se miden solo por su capacidad de actuar, sino por su capacidad de aprender, autocorregirse y preservar legitimidad constitucional en el tiempo.
