Por Edith Roque
Profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara, SNI Nivel 1
En Jalisco se respira una palabra que se ha vuelto lema, promesa y a veces consigna: innovación.
Desde el primer informe de gobierno de Pablo Lemus, el discurso público la pronuncia con fe casi religiosa. Se habla de ecosistemas, de capital humano, de centros de transferencia tecnológica. Pero más allá del entusiasmo institucional, vale la pena detenerse a mirar con lupa lo que estamos construyendo, lo que funciona y, sobre todo, lo que todavía cojea.
Durante los últimos años, Jalisco ha vuelto a ocupar los primeros lugares en solicitudes de patentes. En 2024 alcanzó 242 registros, poco más del 20 % del total nacional. Es un logro que no se improvisa: detrás hay políticas públicas constantes, apoyos económicos, asesoría legal y una comunidad científica que ha aprendido a moverse entre el laboratorio y la ventanilla. Programas como PROINNJAL y PROPIN no son simples convocatorias; son las arterias por donde circula la sangre de un sistema que busca hacer del conocimiento un activo productivo.
PROINNJAL financia proyectos con distintos niveles de madurez tecnológica —los llamados TRL— y obliga a la academia, la industria y el gobierno a sentarse en la misma mesa. No siempre se entienden, pero al menos ya dialogan. PROPIN, por su parte, apoya la protección de ideas: cubre gastos de patentes, modelos de utilidad o diseños industriales, e incluso asesoría para patentes internacionales (PCT/PPH). En pocas palabras, Jalisco ha aprendido a hablar el lenguaje de la propiedad intelectual, y eso no es menor en un país donde todavía se confunde innovación con ocurrencia.
Ahora bien, detrás de los números hay preguntas incómodas. ¿Qué tipo de innovación estamos produciendo? ¿A quién benefician esas patentes? Porque registrar no siempre equivale a transformar. Un prototipo que nunca llega al mercado o una patente que se queda en un cajón son como fuegos artificiales: brillan un momento y luego se apagan sin dejar rastro. El desafío no está solo en inventar, sino en transferir: convertir las ideas en bienestar, en empleos, en políticas públicas que cierren brechas y no solo llenen informes.
El gobierno estatal ha puesto especial atención en la creación de los REDi, los centros regionales para el desarrollo de la innovación. Guadalajara, Puerto Vallarta, Tepatitlán y Zapotlán el Grande albergan espacios donde jóvenes, empresas y universidades coinciden. Son laboratorios abiertos donde las palabras “startup”, “prototipo” y “pitch” conviven con acentos distintos y expectativas dispares. En esos pasillos se escucha la promesa de que el talento local no tendrá que emigrar para cumplir sus sueños. Pero ese sueño necesita algo más que entusiasmo: requiere continuidad presupuestal, políticas de inclusión digital y una verdadera estrategia para que la innovación no se concentre solo en el Área Metropolitana.
El informe de gobierno da cifras alentadoras: inversión en ciencia y tecnología por encima de la media nacional, incremento en convenios internacionales y un sector emprendedor más articulado. Todo eso es cierto, pero el diablo está en los detalles. Muchos proyectos dependen aún de fondos temporales; los equipos técnicos cambian cada tres años; las universidades enfrentan recortes o burocracias que frenan la vinculación, y mientras tanto, las y los investigadores se ven obligados a ser gestores, traductores y hasta publicistas de sus propios hallazgos para sobrevivir en la lógica del financiamiento competitivo.
La innovación, cuando se vuelve consigna, corre el riesgo de vaciarse de contenido. Lo innovador no es abrir un laboratorio con cintas y discursos, sino garantizar que ese espacio mantenga personal capacitado, materiales y presupuesto estable. Lo innovador no es crear un programa nuevo cada sexenio, sino sostener los que funcionan y corregirlos donde fallan. En ese sentido, Jalisco tiene una ventaja: ha logrado mantener políticas de largo aliento en propiedad intelectual, pero el reto que sigue es convertir la protección en producción.
Pasar de la protección a la producción
Tomemos un ejemplo, en 2024 una universidad jalisciense obtuvo una patente en biotecnología para mejorar la conservación de alimentos. El logro fue celebrado en la prensa local, pero un año después el proyecto sigue sin inversionistas. No porque falte mérito científico, sino porque la conexión entre la investigación y el sector privado todavía es frágil. Falta una cultura empresarial que vea la ciencia no como gasto, sino como inversión. Falta también que las instituciones aprendan a negociar sin miedo, a compartir riesgos y beneficios. Esa es la frontera real de la innovación.
Transferencia tecnológica
Otro punto clave es la transferencia tecnológica. La reforma federal de 2025 a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial intenta fortalecer ese puente entre universidades y empresas. Jalisco, con su red universitaria y su base industrial, podría ser punta de lanza. Pero para lograrlo necesita más abogados especializados, gestores tecnológicos y, sobre todo, confianza. Porque transferir tecnología es también ceder control, y en un país donde el miedo al plagio y la desconfianza institucional pesan más que la cooperación, ese salto cultural no se da de la noche a la mañana.
Digitalización
La otra gran apuesta estatal es la digitalización. Desde la adopción de plataformas para seguimiento de proyectos hasta el uso de inteligencia artificial para procesos administrativos, la idea es reducir la brecha entre innovación pública y privada. Sin embargo, la brecha digital sigue viva: en comunidades rurales, las universidades tecnológicas luchan con conectividad intermitente y laboratorios obsoletos. No se puede hablar de industria 4.0 si todavía hay escuelas sin conexión estable. La innovación no puede ser privilegio de los centros urbanos; debe ser un derecho distribuido.
En este contexto, la participación de Jalisco en foros internacionales ha sido un acierto. Vincularse con Silicon Valley, Medellín o Barcelona permite aprender de ecosistemas que lograron institucionalizar la creatividad. Pero también obliga a reconocer nuestras propias limitaciones. Mientras esos lugares destinan porcentajes significativos de su PIB a investigación, México apenas ronda el 0.3 %. Jalisco aporta un esfuerzo valioso, pero sigue operando dentro de un marco nacional rezagado. Innovar en México sigue siendo, en muchos sentidos, remar contra la corriente.
Ahora bien, ¿qué nos falta?
Falta una ley estatal de ciencia y tecnología que asegure la continuidad presupuestal y la evaluación ciudadana de los programas. Faltan incentivos fiscales claros para las empresas que inviertan en I+D, no solo subsidios temporales. Faltan oficinas de transferencia tecnológica profesionalizadas en todas las universidades públicas. Falta un observatorio de innovación que integre indicadores de impacto social, no solo económico, y falta, sobre todo, una visión de Estado que entienda la innovación como política de derechos: el derecho a crear, a investigar, a imaginar un futuro mejor.
Hay que reconocer que el actual gobierno ha sabido dar visibilidad al tema. Hablar de patentes en conferencias de prensa ya es un avance. La investigación pública necesita salir del circuito cerrado de papers y congresos y mirar hacia la calle, hacia la pequeña empresa, hacia los municipios. De poco sirve la transferencia tecnológica si no se transfiere también el sentido social de la ciencia.
La sociedad civil, por su parte, tiene un papel que todavía no asume del todo. La cultura de la innovación empieza en las aulas, pero se consolida en la ciudadanía. Cuando los jóvenes entienden que pueden registrar una idea, cuando las niñas ven que la ingeniería también es su espacio, cuando los emprendedores locales confían en el IMPI o en el PROPIN, el cambio comienza a ser estructural. La política pública solo es efectiva cuando la gente la hace suya.
En ese sentido, Jalisco tiene algo que defender: una identidad creativa que se siente en su arte, su tecnología y su espíritu empresarial. Jalisco ha demostrado capacidad de organización y liderazgo. Su potencial no se discute. Si la innovación sigue siendo un tema de élites urbanas, perderá su fuerza transformadora. Si, en cambio, logra convertirse en una política de inclusión, capaz de mejorar la vida de quienes nunca han pisado un centro de innovación, entonces habremos entendido su verdadero sentido.
La innovación, en última instancia, no es solo una cuestión tecnológica, sino un acto de responsabilidad pública. Es decidir qué tipo de sociedad queremos ser y qué futuro estamos dispuestos a construir. Jalisco ha tomado la delantera. Ahora debe demostrar que también puede mantener el ritmo.
